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Según Oxford Languages, la censura significa «la supresión o prohibición de cualquier parte de libros, películas, noticias, etc., que se considere obscena, políticamente inaceptable o una amenaza para la seguridad». Si bien esta definición es un punto de partida útil, omite al actor. Esto es crucial, ya que es una persona quien determina si los textos son obscenos, políticamente inaceptables o peligrosos; y la interpretación de los textos en relación con estos criterios varía. Algunas personas consideran obscena la desnudez y el sexo, otras encuentran ofensivas las representaciones de violencia y guerra. Algunas personas se oponen a las referencias a demonios, ángeles y deidades, y otras prefieren textos que los incluyan. En una sociedad diversa y pluralista, las consideraciones sobre qué contenido debe censurarse y por qué reflejan una tensión persistente que parece inherente a la democracia.

En las decisiones de censura, los criterios son importantes, pero el poder lo es aún más. En otras palabras, ¿qué puntos de vista se imponen y cuáles se ignoran? ¿Quién decide qué es obsceno, políticamente inaceptable o una amenaza para la seguridad? ¿Y a quién afectan estas decisiones? En algunos casos, las líneas de autoridad son claras. Con mayor frecuencia, no lo son. Tras muchos años como profesor de inglés y jefe de departamento en una escuela pública, tengo experiencia directa en el manejo de estas ideas en contextos trascendentales.

Por ejemplo, cada año, mis colegas y yo colaborábamos en el desarrollo del currículo, que incluía listas de lectura de verano para cada nivel de grado. Nuestra intención era crear listas con una variedad de temas y niveles de lectura, ya que los libros se leerían de forma independiente, sin instrucción. Las lecturas de verano estaban diseñadas para aumentar el interés de los estudiantes y mejorar su fluidez lectora, fomentando así la posibilidad de que el estudiante eligiera entre una lista de selecciones proporcionadas por el distrito. Un junio, cuando yo era jefe de departamento, el superintendente adjunto del distrito recibió una llamada de una madre que expresó su preocupación por la lista. Al devolverle la llamada, la madre dijo que ninguno de los libros de la lista de lectura de décimo grado era aceptable. Sus objeciones incluían referencias a la religión y el ocultismo (ángeles, magos o brujas), fragmentos relacionados con el deseo físico o de naturaleza sexual, y descripciones de violencia (escenarios con un trasfondo de guerra u otro tipo de combate). Reconoció que no había leído los libros y escuchó mientras le explicaba nuestra justificación para la selección de textos y presentaba los méritos de los libros de la lista.

Es importante destacar que nuestra conversación fue cordial, ya que ambos buscábamos comprender la postura del otro y llegar a una solución. La madre solicitó inicialmente que, debido a sus objeciones, reemplazáramos la lista con un nuevo conjunto de libros. Le expliqué que ningún conjunto de libros estaría exento de quejas, ya que las objeciones y las suposiciones que las sustentan representan tensiones persistentes que requieren una negociación continua en una sociedad democrática. Expresé mi acuerdo con su afirmación de que tiene derecho a decidir qué lee su hijo, pero discrepé con su solicitud de determinar qué leerían todos los alumnos de décimo grado. Esto la hizo reflexionar, al considerar cómo sus derechos se entrelazaban con los derechos de otros padres que podrían tener valores y criterios diferentes con respecto a la idoneidad de los textos para sus hijos. Esta madre podía, y de hecho decidió, proporcionar un libro de lectura alternativo para el verano, pero no tenía derecho a decidir a qué textos estarían expuestos los demás alumnos de décimo grado.

Las decisiones sobre censura defienden los derechos y valores de algunos y niegan los de otros. Como educadores públicos, tenemos la responsabilidad de responder a las comunidades a las que servimos. Las escuelas y los docentes deben respetar los valores de las familias y, además, involucrarlas en actividades curriculares que sean estimulantes, reflejen diversas perspectivas y promuevan el pensamiento crítico. Todos estos esfuerzos requieren diálogo: hablar y escuchar con el objetivo de ampliar la comprensión. Esperamos esto de los estudiantes y no deberíamos esperar menos de los adultos que los rodean. La censura es contextual; por lo tanto, no debe estandarizarse.

La censura generalizada y estandarizada conduce a la prohibición de libros. Para usar una analogía cinematográfica, en lugar de difuminar el contenido objetable (lo que sería similar a la censura), se prohíbe la película completa. Este enfoque es inherentemente antidemocrático. Obstaculiza el diálogo e inhibe el debate informado. Los estudiantes que nunca se enfrentan a contenido desafiante no están preparados para una participación auténtica en nuestra sociedad; al no haber considerado nunca perspectivas alternativas, es posible que no estén preparados para explicar sus propias creencias. Irónicamente, estas condiciones contradicen los objetivos de muchos defensores de la censura y la prohibición de libros.

En última instancia, la censura y la prohibición de libros revelan relaciones de poder. ¿Quién decide si un texto debe estar disponible para su lectura y para quién se toman esas decisiones? Una democracia próspera requiere una población educada, personas expuestas a diversas ideas y capaces de debatir eficazmente. La censura y los libros prohibidos socavan los cimientos de nuestra sociedad. Las escuelas y las bibliotecas existen para promover el diálogo y el pensamiento crítico entre estudiantes de todas las edades. La censura es, sencillamente, el poderoso silenciamiento de los más débiles. ¿Qué es lo que temen quienes detentan el poder que se aprenda? ¿Y cómo podemos garantizar que podremos leerlo? Los educadores deben abogar por la liberación de los lectores.

Fuente: JULIE GORLEWSKI - Universidad de Buffalo.